El Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales de Ayacucho (CONREDE), del cual el Colegio Odontológico del Perú – Región Ayacucho forma parte activa, ha alcanzado un avance significativo en el fortalecimiento y regulación del ejercicio profesional en nuestra región.
En sesión plenaria, se aprobó por unanimidad la Ordenanza Regional que establece la obligatoriedad de la colegiatura y la presentación del certificado de habilitación profesional para el ejercicio legal de las profesiones en el ámbito del Gobierno Regional de Ayacucho. Esta medida marca un hito importante para garantizar el respeto a la normatividad vigente, la ética profesional y la calidad en los servicios que se brindan a la sociedad.
Puntos clave de la ordenanza
- Se actualizarán los instrumentos de gestión de recursos humanos de las instituciones públicas para incluir como requisito la colegiatura y la habilitación profesional.
- Las entidades públicas y privadas estarán obligadas a verificar la colegiatura vigente de los profesionales antes de su contratación o designación.
- Se deroga la Ordenanza Regional N.° 024-2008, estableciendo una normativa más clara, actualizada y acorde a las necesidades actuales de la región.
- El CONREDE asumirá un rol activo en la difusión, implementación y supervisión del cumplimiento de esta ordenanza.
Importancia de este logro
La aprobación de esta ordenanza representa un paso firme hacia la consolidación de la ética, la legalidad y la calidad en el ejercicio profesional en Ayacucho. Con ello, se busca proteger los intereses de la sociedad, garantizar que los servicios brindados a la población estén en manos de profesionales debidamente acreditados y fortalecer la institucionalidad de los colegios profesionales que conforman el CONREDE.
El Colegio Odontológico del Perú – Región Ayacucho reafirma su compromiso con la defensa del ejercicio legal y ético de la profesión odontológica, participando activamente en espacios de diálogo y toma de decisiones que contribuyen al desarrollo de nuestra región.
Con este avance normativo, se refuerza la confianza de la ciudadanía en los profesionales y se asegura que el trabajo en el sector público y privado responda a los más altos estándares de responsabilidad y transparencia.
